En 1989 Luis Inacio "Lula" Da Silva era un dirigente sindical que se disputaba la Presidencia de Brasil contra Fernando Collor de Melo, y contra la opinión de los principales medios de comunicación. El debate televisado por la TV Globo lo perjudicó claramente, y desde entonces mantuvo una relación distante y excesivamente respetuosa con la prensa. El "trauma" de Lula, hasta ahora, se había transformado en uno de los puntos críticos de su gestión para un sector importante de la Sociedad Civil, que demandaba un debate para democratizar las comunicaciones.

Sin embargo, el 16 de abril el gobierno brasileño publicó el decreto mediante el cual convoca oficialmente a la I Conferencia Nacional de Comunicación, que se realizará entre el 1 y el 3 de diciembre de 2009 en Brasilia, con el tema "Comunicación: medios para la construcción de derechos y de ciudadanía en la era digital".

En enero, durante el Foro Social Mundial, en Belem do Pará, el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que el poder ejecutivo iba a realizar la conferencia durante 2009, y se comprometió a ello  con varias organizaciones como AMARC ALC. El espacio va a reunir a representantes de la sociedad civil organizada (sindicatos, movimientos sociales y ONGs), integrantes del poder público y a empresarios para debatir y deliberar sobre temas como concesión de radios y TV y convergencia tecnológica.

A pesar de ratificar la realización de la conferencia, el decreto sigue generando algunas suspicacias en la ciudadanía brasileña, ya que sólo instituye al Ministerio de Comunicaciones (Minicom) como coordinador de la organización, con el apoyo de otras dos carteras del Gobierno -Secretaría General y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República. Así, bajo la orientación de Hélio Costa, debe ser elaborado un decreto ministerial en el cual se va a conformar una comisión organizadora compuesta por representantes de la sociedad y del poder público, que va a tratar también el "proceso democrático" de elección de los delegados.

Carolina Ribeiro, que representa al Colectivo Intervozes en la comisión, dice que el último día 15 tuvo lugar una conversación entre representantes de la sociedad civil y del Minicom. Sin embargo, no hubo una apertura de diálogo en relación con el grupo de trabajo que va a quedar como responsable de la organización de la Conferencia. "Ellos dijeron que ya estaba todo cerrado. Por la conversación, no hay más negociación", relató.

Según el Ministerio, la comisión que va a organizar la Conferencia va a tener 7 integrantes del Gobierno Federal, 7 de la sociedad civil, 7 del empresariado y otros 4 del Legislativo y del Poder Judicial. La Comisión Pro-Conferencia defiende que debería estar constituida por 30 miembros.

De éstos, serían 10 integrantes del poder público, de los cuales 4 del Ejecutivo, 4 del Legislativo, uno del Consejo Nacional de Justicia, representando al Poder Judicial, además de un procurador del Ministerio Público de la Unión. Entre las vacantes de la sociedad, 5 serían de asociaciones de operadores comerciales del sector y 15 de organizaciones de la sociedad civil no-empresarial.

Sobre el enfoque determinado por el decreto, la periodista afirma que ya existía la expectativa de que el tema fuera ése, pero sin la restricción de la expresión "en la era digital". Ella analiza que, aunque exista la intención del Minicom de privilegiar ese aspecto, los movimientos van a presionar para que sean pautadas otras demandas. "Quisieron colocar el enfoque en la convergencia [digital], pero tienen que englobar lo que está en el [sistema] analógico", observó la periodista.

Fuente: Adital/Ciranda/Radio Tierra

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