Según un reporte de Amnistía Internacional, el hecho ocurrió en la zona sur de la Ciudad de México.

El organismo defensor de los Derechos Humanos señaló que un desconocido llamó a la puerta de la casa donde Norma Andrade se encontraba transitoriamente.

Tras atender el llamado, la activista fue agredida por un sujeto que portaba con un cuchillo. El atacante hirió a la mujer en el cuello.

Luego de la agresión, Andrade fue trasladada a una clínica de salubridad. Allí se recupera actualmente de la lesión.

Vale decir que este es el segundo atentado perpetrado en tan sólo 2 meses contra de Norma Andrade.

El pasado 2 de diciembre recibió 5 disparos mientras se encontraba en Ciudad Juárez. Por estos motivos, la activista y una de sus hijas se trasladaron a la Ciudad de México para recibir protección.

Conviene recordar que Andrade ha sido amenazada de muerte en reiteradas ocasiones. Según se ha señalado se debe a sus investigaciones sobre las desapariciones de mujeres y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez.

Desde 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas de protección para 4 integrantes de la organización "Nuestras Hijas de Regreso a Casa".

Estas medidas obligan a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de esas personas en situación de riesgo. (PÚLSAR)

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo procesó este jueves a 9 represores por los secuestros, torturas y asesinatos de los militantes Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.

Según confirmó una investigación pericial, los activistas fueron secuestrados, torturados y fusilados. Sin embargo, el gobierno de facto de aquella época adjudicó las muertes a un "enfrentamiento" con la policía.

Por tal motivo, la justicia sobreseyó a los culpables. Esta decisión fue tomada pese a que ambos cuerpos tenían marcas de aplicación de picana eléctrica y disparos a quemarropa.

Frente a la evidencia de estas irregularidades, la causa fue reabierta por el juez Villafuerte Ruzo en 2011.

Anteriormente, los policías involucrados en los crímenes habían sido sobreseídos gracias al beneficio de la derogada ley de Obediencia Debida.

Cabe señalar que Cambiaso y Rossi fueron secuestrados frente a testigos por una patrulla policial integrada por el represor Luis Abelardo Patti. El hecho ocurrió el 14 de mayo de 1983.

En abril de ese mismo año, el dictador Reynaldo Bignone ordenó por decreto la destrucción de los documentos existentes sobre la detención, tortura y asesinato de desaparecidos de la última dictadura argentina. (PÚLSAR)

La marcha se realizará en 19 municipios de la región costera del Urabá antioqueño. Según los manifestantes, allí confluyen grupos criminales conformados por ex paramilitares.

Las personas desplazadas en esa zona por el conflicto armado colombiano reclaman la presencia del Estado para que de cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Dicha normativa plantea compensar a las víctimas del conflicto armado a partir de 1985. El resarcimiento se llevará a cabo mediante una indemnización administrativa.

También con la restitución de tierras a las familias que fueron desplazadas desde 1991 por el mismo conflicto.

Se trata de unos 2 millones de hectáreas que deben ser devueltos antes de 2014 a unas de 400 mil familias que fueron desplazadas de sus terrenos por grupos armados ilegales.

Por otra parte, los habitantes del Urabá antioqueño señalaron que en esa región se han registrado amenazas de persecución y desplazamientos masivos para quienes reclamen la devolución de sus tierras.

Vale recordar que en esa zona, la multinacional bananera Chiquita Brands había financiado a paramilitares a cambio de protección. Por este motivo, dicha compañía fue multada en septiembre de 2007.

Según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en los últimos 15 años fueron robadas hasta 5,5 millones de hectáreas en Colombia.

Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció el pasado enero que el desplazamiento continúa siendo un delito con un 99 por ciento de impunidad, en el país sudamericano. (PÚLSAR)

La movilización comenzó tras una ceremonia indígena en la zona de las lagunas cajamarquinas que serán afectadas por el proyecto minero Conga.

Cabe señalar que el llamado proyecto Minas Conga prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro.

La marcha iniciada este miércoles plantea como eje central la defensa del agua yla Tierra. Asimismo, la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería.

También exige el cese de actividades mineras en las cabeceras de cuencas hídricas y que se declare al agua como un derecho humano.

La movilización es impulsada por el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, y cuenta con el apoyo de organizaciones sociales.

En una conferencia de prensa, los organizadores de la marcha denunciaron la existencia de una campaña empresarial para desprestigiar la movilización antiminera.

Por otra parte, el ex viceministro de Gestión Ambiental de Perú, José de Echave, manifestó su apoyo a la movilización.

También reclamó al Gobierno nacional que dialogue con los gobernantes y dirigentes sociales de Cajamarca que se oponen al proyecto minero Conga.

Vale recordar que Echave dejó el gobierno el pasado diciembre tras una crisis ministerial en la que el presiente de Perú, Ollanta Humala, renovó gran parte de su gabinete.

La salida de estos dirigentes se produjo a partir de la protesta social originada en Cajamarca en rechazo a la actividad minera y contaminación del agua en esa zona. (PÚLSAR)

Las protestas se desarrollan en el oeste de Panamá; en las provincias de Chiriqui, Veraguas y Bocas del Toro. Incluyen cortes de calles y avenidas.

Los manifestantes exigen la restitución de un artículo de ley que protege a los territorios indígenas panameños de la actividad minera.

Anteriormente, la normativa que contiene dicho artículo había sido consensuada por una comisión parlamentaria y representantes de comunidades indígenas.

Las negociaciones comenzaron luego de que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, derogara una serie de reformas al código minero de ese país con la intención de atraer inversiones.

Esta decisión generó la movilización de los indígenas panameños quienes rechazaron la iniciativa oficial. Tras varias protestas comenzaron las etapas de negociación con el Gobierno.

Por tal motivo, la comisión parlamentaria y los indígenas acordaron un proyecto de ley de 9 artículos para la regulación de la actividad minera.

Sin embargo, uno de los puntos de ese proyecto fue removido a último momento. Esta modificación generó las recientes protestas.

El artículo excluido expresaba la cancelación de las concesiones a empresas panameñas y extranjeras para realizar actividades mineras y la construcción de hidroeléctricas en los territorios indígenas de Panamá.

Por su parte, el vocero de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé, Rogelio Montezuma, señaló que "el Gobierno ha tratado de burlar el acuerdo".

Vale decir que en esa comunidad indígena ya fueron presentadas numerosas solicitudes de empresas para buscar oro y otros minerales en sus territorios. (PÚLSAR)

En una entrevista con el periódico digital "Conexihon.info", el dirigente también relató que actualmente se encuentra amenazado.
 
Por tal motivo, Álvarez denunció la posibilidad de sufrir un atentado. Según dijo, se debe a su posición frente al conflicto por la recuperación de tierras en la zona hondureña del Bajo Agúan. 

Sin embargo, señaló que continuará con su lucha pese a las recomendaciones de abandonar el lugar. Asimismo, expresó que "debe prepararse para lo que venga".
 
El vocero del MUCA manifestó tener información sobre el posible atentado contra su persona. Según Álvarez, la agresión está siendo planificada por guardias del terrateniente local, Miguel Facussé.

Por otra parte, el dirigente campesino recordó que en agosto de 2011 varios guardias del mencionado empresario ya habían intentado secuestrarlo. Sin embargo, pudo escapar.

También su familia había sufrido agresiones el pasado noviembre. En esa oportunidad, 7 sujetos a bordo de un vehículo atacaron la residencia del dirigente. Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía del Ministerio Público.

Por último, Vitalino Álvarez responsabilizó de cualquier agresión que pueda sufrir a los guardias de Miguel Facussé. También a la policía y el ejército de Honduras.

Vale recordar que el problema de tierras en el Bajo Aguán continúa pese a que en abril de 2010 el Movimiento Unificado Campesino acordó con el Estado la entrega de 6 mil hectáreas a las familias del campo.

En agosto de 2011, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, decretó la militarización de Bajo Aguán tras los enfrentamientos en esa zona. Allí, los desalojos causaron más de 50 muertes en los últimos 2 años. (PÚLSAR)

Este proyecto busca informar a la sociedad sobre el aumento en el índice de asesinatos como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico.

A través de anuncios en medios de comunicación, la comunidad artística intenta dar voz a los familiares de las víctimas de este conflicto.

Según expresaron los activistas, las personas afectadas por dicha problemática "merecen ser vistas y escuchadas".

Del mismo modo, quienes participan de la actividad señalaron que buscan sensibilizar a la población y a las autoridades para reconstruir la paz en el norteño país.

En ese sentido, los artistas reiteraron la necesidad de organizar grupos que promuevan activamente un clima pacífico en aquella nación.

De acuerdo con el colectivo El Grito Más Fuerte, México vive en un estado de Emergencia Nacional.

Cabe señalar que las últimas cifras reveladas por el Gobierno nacional indican que en los últimos 5 años se han registrado 47 mil 453 muertos como consecuencia del enfrentamiento al narcotráfico.

Sin embargo, un recuento del semanario mexicano "Zeta" atribuye a esta causa un saldo de 60 mil 402 muertos, durante el mismo período. (PÚLSAR)

Durante el encuentro, el representante de la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias (ABRAÇO), José Sóter, recordó que "la radio comunitaria fue posible gracias a la apropiación de la tecnología".

Sin embargo, señaló que para continuar con esa apropiación es necesario fortalecer el área de capacitación y formación de los radiodifusores.

En ese sentido, Sóter se refirió a las dificultades que existen actualmente para introducir el uso de softwares libres en emisoras comunitarias.

Por su parte, el representante en Brasil de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Arthur William, señaló que las radios comunitarias distinguieron como prioridad la creación una red social para compartir contenidos propios.

Con respecto a esa propuesta, William destacó la necesidad de superar principalmente la diversidad de idiomas y la falta de acceso a Internet de banda ancha en algunas regiones para conformar esa red.

Asimismo, mencionó la necesidad del desarrollo y seguimiento de una plataforma para esa red.

Otra de las propuestas aprobadas durante el Foro de Medios Libres fue la defensa de la banda ancha universal como un derecho colectivo.

También, los participantes de ese encuentro discutieron la necesidad de políticas públicas para asegurar la sustentabilidad de los proyectos y los medios independientes y alternativos. (PÚLSAR)

La movilización plantea como eje central la defensa del agua y la Tierra. Asimismo, la prohibición del uso de cianuro y mercurio en la minería.

También exigirá el cese de actividades mineras en las cabeceras de cuencas hídricas.

Por otra parte, los sectores movilizados también reclamarán por el derecho a la consulta previa a las comunidades sobre la construcción de proyectos mineros y petroleros en sus territorios.

La movilización contará principalmente con la participación de organizaciones populares que se oponen al proyecto minero Conga.

Vale recordar que el llamado proyecto Minas Conga prevé secar 4 lagunas ubicadas en las zonas altas de Cajamarca para extraer cobre y oro.

Este emprendimiento es desarrollado por la empresa estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura. Ambas ya poseen en aquella región norteña del país a la mina Yanacocha.

Actualmente, existe una ordenanza del gobierno regional de Cajamarca que declara inviable los proyectos mineros como Conga. Esta disposición es rechazada por el Ejecutivo peruano e impugnada por el Ministerio Público.

La marcha que comienza este miércoles partirá desde la Laguna Colorada tras una ceremonia indígena que se realizará en esa zona ubicada en el área del proyecto minero.

La movilización tiene previsto llegar el próximo 10 de febrero a la capital peruana de Lima. En su recorrido se unirá a otros campesinos y manifestantes provenientes de otras ciudades de la región. (PÚLSAR)

La sentencia fue dictada por el Adjunto al Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Fue tras la confesión de los responsables de los delitos.

Los condenados reconocieron su participación tras diferentes etapas procesales. Durante ese período se declararon culpables de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. 

Este último delito fue establecido en el derecho penal colombiano para la toma de medidas contra la conformación de grupos armados ilegales, el terrorismo y la extorsión.

Luego de haber admitido su responsabilidad en los hechos, los paramilitares fueron procesados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Colombia. 

Por su parte, la Fiscalía colombiana señaló en un comunicado que los sentenciados integraban el grupo paramilitar llamado Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Quienes integraban esta formación fueron identificados como Aldo Antonio Agamez Cruz, Javier Enrique Salgado Martínez, Jorge Luis Gutiérrez, Juan Alberto Ruiz Yañez, Manuel Antonio Urango Mejía, y Yamid de Jesús González Galaraga.

Antes de la sentencia a estos 6 ex paramilitares, la justicia de Colombia había condenado por la misma masacre a 10 militares, entre ellos un capitán del Ejército.

Vale recordar que en la masacre de San José de Apartadó fueron asesinados 3 niños y 5 adultos. El hecho ocurrió en febrero de 2005.

Las víctimas de la masacre pertenecían a 2 familias del poblado de San José de Apartadó, ubicado en el departamento colombiano de Antioquia. (PÚLSAR)

Los debates del recién concluido Foro Social Temático continuarán hasta mediados de 2012.

Será sin las actividades autogestionadas, conferencias y audiencias entre la sociedad civil y el Gobierno pero con la continuidad de la temática planteada por el Foro, "crisis capitalista, justicia social y ambiental".

Esto se debe a que en junio se realizará en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas para el desarrollo sustentable, "Río+20".

Dicho evento fue criticado por el miembro del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil (MST-Vía Campesina), João Pedro Stedile. Fue durante el lanzamiento de la Cumbre de los Pueblos, este domingo.

También lo hicieron los representantes de los movimientos sociales presentes en ese acto. Allí señalaron que en Río+20 se buscará instalar el concepto de "economía verde".

Por otra parte, Sonia Guajajara, de la Articulación de los Pueblos Indígeneas de Brasil, criticó al Gobierno de ese país por la construcción de la represa de Belo Monte, en el norteño Estado de Pará.

En tanto que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió durante su participación en el Foro Social Temático la idea de unir el "crecimiento acelerado de la economía" con la "sustentabilidad".

Tras estos dichos, el director del Instituto Brasileño de Análisis Socioeconómico (IBASE), Cândido Grybowski, afirmó que las expresiones de la Mandataria representaban 2 términos contradictorios.

Durante las jornadas por "otro mundo posible", que transcurrieron entre el 24 y el 29 de enero, los participantes del Foro Social Temático de Porto Alegre  intentaron fortalecer sus luchas, en medio de la actual crisis capitalista. (PÚLSAR)

Figueroa destacó que el movimiento estudiantil logró que la sociedad chilena vuelva a creer en la organización colectiva.

Asimismo valoró que el movimiento consiguiera hacer visible que la educación del país sudamericano estaba en crisis.

Sin embargo, el dirigente estudiantil expresó que el movimiento no logró cambios concretos en políticas de Estado relacionadas con la educación.

Por tal motivo, llamó a organizarse en el 2012 bajo una "propuesta integral de reforma” que sea "capaz de quebrar las filas de la clase política tradicional".

También, manifestó la necesidad de renovar las formas de movilización de los estudiantes para no perder el apoyo de la ciudadanía chilena.

En ese sentido, el líder universitario explicó que la adhesión popular se produjo por un descontento de la sociedad con el sistema político de ese país.

Asimismo, mencionó el rechazo a la "privatización de las condiciones de vida" como otro factor de apoyo social al movimiento estudiantil.

Más allá de este respaldo, Francisco Figueroa señaló las dificultades que existen para que las demandas sociales se transformen en políticas de Estado.

Según el dirigente estudiantil, esto ocurre pese a la baja credibilidad que atraviesa la clase política chilena.

Por último, manifestó que los intentos gubernamentales por desgastar la protesta estudiantil sólo "aumentarán la magnitud del próximo estallido social". (PÚLSAR)