Hace un año el Presidente Sebastián Piñera enfrentó su primera cuenta anual y delineó 7 ejes que serían los pilares de su gobierno. Hoy las más de 50 ONGs reunidas en ACCION queremos evaluar los compromisos, sus avances, dificultades y retrocesos en materia de fortalecimiento de la democracia, derechos humanos y participación, que son las áreas en las que trabajamos en conjunto con la ciudadanía.

l. Promesas y cumplimientos

Del total de los compromisos asumidos el 21 de mayo pasado, un 45% de ellos se han transformado en proyectos de ley y el 55% no se han presentado al Congreso.

Del total de proyectos presentados al Congreso, un 14% se han transformado en ley y el 86% restante está en trámite legislativo. Hoy sólo 21 proyectos anunciados son leyes de la república, lo que se traduce en que un 86% de la agenda legislativa anunciada no está cumplida, en contraste con sólo el 14% que sí lo está.

ll. Escasos avances en materia de participación y discriminación

Las manifestaciones de descontento social han aumentado y una de las causas es la carencia de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y de mecanismos que faciliten y amplíen la convivencia democrática. Importantes demandas ciudadanas que apuntan en ese sentido no han sido asumidas por la autoridad: la ley que establece medidas contra la discriminación; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas; la ley de paridad entre hombres y mujeres; mecanismos de regulación de los conflictos de interés de las autoridades públicas; promoción y fortalecimiento de la sindicalización y la aprobación del Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación que afecta a quienes conviven, sin importar su orientación sexual.

Si bien la Ley de Participación Ciudadana fue promulgada en febrero, hay un desconocimiento respecto a cómo será implementada y no se aprecia voluntad política del gobierno por difundirla y garantizar mecanismos de participación en la reglamentación de esta Ley que propugna precisamente aquello.

A más de un año de ocurrido el terremoto en la zona centro sur, no se han instalado espacios para la participación de la ciudadanía de las localidades afectadas ni se han acogido sus demandas en los planes de reconstrucción. El gobierno ha privilegiado las alianzas con el sector privado y no con las organizaciones de la sociedad civil que han llevado adelante procesos de elaboración de propuestas y consulta en las regiones. Los avances han sido lentos, las condiciones de vida en las llamadas aldeas son precarias y no se ha informado sobre el uso de los recursos públicos en las distintas áreas de reconstrucción.

lll. Avances parciales en el fortalecimiento de la democracia

Para analizar dicho aspecto, nos concentraremos en el eje número 7 relativo al perfeccionamiento de la democracia, considerando su importancia en la ampliación de espacios de participación ciudadana.

Las promesas realizadas el 21 de mayo pasado en materia de democratización han tenido pocos avances: el número de iniciativas de este eje eran 18 y sólo 7 han sido ingresadas al Congreso y están en trámite legislativo, las otras 11 están pendientes y sin proyecto. Hasta ahora no hay ninguna ley aprobada.

Dentro de los proyectos ingresados, pero no cumplidos, están la reforma constitucional de voto de chilenos en el exterior, inscripción automática, cambio de fecha de elecciones presidenciales, iniciativa popular de ley, plebiscitos comunales, declaración de intereses y patrimonio de autoridades, fideicomiso ciego. Aún no tienen proyecto en el Congreso reformas importantes como la regulación de las primarias, reforma Ley de Partidos, Ley sobre Lobby, Elección de GORES, Modificaciones a la Ley de Transparencia, entre otros.

1. Inscripción automática y voto voluntario

La aprobación de la idea de legislar el proyecto sobre inscripción automática y voto voluntario abre un camino de participación a un nuevo número de ciudadanos, principalmente jóvenes. Desde esa perspectiva, la inscripción automática es un avance democrático que se consolidó durante los 20 años de gobierno de la  Concertación. Sin embargo, el voto voluntario, promovido transversalmente por oficialistas y opositores, puede profundizar la segmentación social y elitizar aún más el padrón electoral, teniendo en cuenta que los sectores de mayor nivel socioeconómico aparecen como los más proclives a la participación electoral.

2. Voto de chilenos en el exterior

En cuanto al compromiso de dar derecho a voto a los chilenos que residen en el extranjero, “en la medida que mantengan un compromiso y sentido de pertenencia con nuestro país”, tal como lo anunció Piñera, nos parece discriminatorio.  Establecer condiciones al voto afecta la igualdad ante la ley y genera diferencias entre aquellos que pueden desplazarse regularmente a Chile y los que no.

Por lo tanto el proyecto de ley presentado por el ejecutivo en esta materia, aún cuando apunta en la dirección correcta, conculca derechos y no avanza en el objetivo de universalización de derechos y participación.

3. Elección de gobiernos regionales

Otro de los compromisos presidenciales en el discurso del 21 de mayo pasado apuntaba a “fortalecer la democracia regional y comunal haciendo más directa y participativa la elección de sus autoridades”.

Hasta ahora no ha habido avances en ese sentido, se habló de que las  elecciones de los Consejeros Regionales fueran simultáneas con las de Concejales y Alcaldes del próximo año, pero para eso el proyecto de ley debe estar ingresado a más tardar en junio.

La Constitución ya fue reformada y establece la elección directa de los representantes regionales, pero está pendiente la norma que permite llevar a la práctica ese derecho.
Se requieren mayores atribuciones para que las regiones decidan efectivamente sus inversiones. Hoy las regiones sólo deciden entre el 45% y el 50% de los recursos públicos asignados.

El proyecto aún está en revisión en la división de estudios de la SEGPRES. Llamamos al Gobierno a consolidar su compromiso y sacar adelante este proyecto que avanza en la profundización de la democracia regional y consolida la participación en los espacios locales.

4. Primarias vinculantes

Se anunció además una reforma integral a la Ley de Partidos Políticos, “para hacerlos más transparentes, democráticos y abiertos a la ciudadanía y estableceremos primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular”. Hasta ahora no hay ningún proyecto presentado en ese sentido.

5. Iniciativa popular de ley

La iniciativa popular de ley planteada por el ejecutivo, permitiría que con las firmas del 0,1% de los electores, los ciudadanos puedan presentar proyectos de ley al Congreso Nacional, que no sean de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Aún cuando el proyecto fue enviado en septiembre sigue en primer trámite en el Senado sin urgencia. Hasta ahora sólo algunos parlamentarios han presentado indicaciones al proyecto, sin embargo no se ha generado un debate público con participación de la ciudadanía que permita conocer sus alcances e incidir en su redacción.

6. Plebiscitos comunales

La ley sobre plebiscitos comunales para facilitar la participación de los vecinos fue enviada en noviembre y está en primer trámite constitucional en el Senado y sin urgencia. Hasta ahora ha habido nulo avance en el legislativo, situación que nos preocupa considerando la importancia de la participación en materias de interés público en el ámbito comunal.

lV. Criminalización de los movimientos sociales

En el último año, el gobierno del Presidente Piñera ha seguido criminalizando y reprimiendo expresiones y opiniones disidentes. Las fuerzas policiales del estado han vulnerado o amenazado derechos básicos, como la vida y la integridad física de las personas, así como los derechos de libertad de reunión pacífica, desoyendo abiertamente las obligaciones internacionales del estado en la materia.

En los últimos meses, la tendencia a una mayor criminalización de la protesta social se ha acentuado a través de la vía penal y de la represión. El descontento de la ciudadanía con el aumento de precios del gas en el sur y con la aprobación de termoeléctricas en el norte y de hidroeléctricas en el sur, se ha expresado a través de protestas callejeras que la policía ha reprimido violentamente. Por otro lado, la huelga de hambre ha sido utilizada por comuneros mapuche como última medida para exigir un juicio justo y denunciar el trato discriminatorio al que han sido sometidos por parte del Estado chileno.

El respaldo irrestricto del gobierno a la actuación policial, la sobrevaloración del orden público por sobre el derecho a expresarse y el endurecimiento de la política de seguridad pública, se ha constituido en una verdadera incitación a la represión y en un aval de impunidad a los excesos ocurridos en las últimas manifestaciones, particularmente frente a las protestas por la aprobación de la construcción de las represas en Aysén.

Esta persecución y criminalización de los movimientos sociales se ve facilitada porque sigue vigente la Ley Antiterrorista y la tipificación como delito de la amenaza a la autoridad. Con la Ley antiterrorista se restringen las garantías procesales de los imputados y se obtienen penas excesivamente altas. En este periodo, dos ejemplos concretos de su aplicación lo constituyen el juicio de Cañete a los comuneros mapuche y el llamado “caso bombas”. De esta forma, se están violando los estándares internacionales que señalan que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y sin autorización. Desde los gobiernos de la Concertación las organizaciones de la sociedad civil han demandado al Estado y al parlamento que adopten las reformas legislativas propuestas por los órganos de Naciones Unidas a la ley anti terrorista y al Código de Justicia Militar para que se adecuen a la normativa internacional de los derechos humanos.

V. La represión y el uso de la fuerza

El uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes policiales en contra de la población civil se evidencia en múltiples casos- más de 20 en total- de violencia policial documentados por entidades de derechos humanos en la Araucanía, que afectan a personas mapuche. Entre ellos encontramos el caso de niños afectados por el actuar violento de las policías, lo que derivó en una presentación por entidades no gubernamentales sobre la situación de violencia en contra de la niñez mapuche ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ello se suma el actuar brutal de las policías en contra de integrantes de un clan rapa nui, ocurrido en diciembre de 2010 en Isla de Pascua, dejando numerosos heridos. Esto llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a acoger una medida cautelar, ordenando al estado a cesar el uso de violencia armada en la ejecución de los desalojos en contra del pueblo rapa nui, y a garantizar que la actuación de los agentes del estado no pongan en riesgo la vida e integridad de sus miembros. 

El uso abusivo de la fuerza pública quedó de manifiesto nuevamente cuando las marchas ciudadanas en contra de la aprobación de HidroAysen, algunas de ellas autorizadas, fueron brutalmente disueltas por la policía de carabineros a través del uso de gases lacrimógenos y de la detención de decenas de personas, declaradas ilegales por un tribunal en Santiago.

Los delitos que cometen los policías en contra de la población civil  se mantienen en la impunidad, tanto por la subsistencia de la Justicia Militar, como por la falta de voluntad para hacer un control administrativo de dichos actos por parte de las propias autoridades policiales y de las autoridades civiles de las que dependen.

VI. Derechos de los pueblos indígenas

Particular interés tiene para nosotros la situación que viven nuestros pueblos originarios. En materia de derechos de pueblos indígenas, no obstante la ratificación del Convenio N° 169 de la OIT, sigue sin lograrse el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de sus derechos, y sin reformarse la legislación sectorial que resulta contradictoria con las disposiciones de este convenio internacional.

Al mismo tiempo, se han seguido impulsando proyectos de inversión en los recursos naturales de los territorios indígenas. Se ha mantenido el procesamiento  por Ley Antiterrorista de integrantes del pueblo mapuche por hechos de protesta social vinculados a la defensa de sus tierras. A pesar de que el gobierno se desistiera de aplicar esta legislación a cerca de 40 comuneros procesados, los juicios en su contra siguieron adelante por iniciativa del Ministerio Público.

Si bien resulta valorable que el gobierno haya decidido el 2011 impulsar un proceso de consulta en base a los lineamientos del 169 de una  iniciativa de reforma constitucional y otras de reforma legal (la creación de una agencia de desarrollo indígena y la creación de un consejo de pueblos indígenas), en tal proceso se hace no se ha determinado previamente una normativa clara sobre el procedimiento de consulta con los pueblos indígenas.

VII. Una nueva constitución para Chile

Se mantienen las deficiencias de la institucionalidad vigente, sustentada en la Constitución de 1980,  para permitir la plena vigencia de los derechos humanos en Chile. A pesar de la reforma constitucional de 2005, nuestra carta fundamental sigue manteniendo un núcleo de derechos constitucionales de marcado sesgo liberal, que enfatiza el resguardo a la propiedad privada, apenas consagra el derecho al trabajo, privilegia la libertad de enseñanza sobre el derecho a la educación, y limita fuertemente la actividad empresarial del Estado, entre otras cosas.

Asimismo, continúan existiendo las llamadas leyes de “súper mayoría” (Leyes Orgánicas Constitucionales, Leyes de Quorum Calificado), que son las que configuran los lineamientos básicos de la política, la economía y la sociedad, y que, debido a su alto quórum de reforma, impiden el cambio de los lineamientos elaborados por el gobierno militar, haciendo imposible un verdadero gobierno de la mayoría.

Siguen vigentes mecanismos de control  “contramayoritarios” como el Tribunal Constitucional, el que por sus objetivos, atribuciones y conformación, continúa erigiéndose como un obstáculo para el desarrollo de una democracia legitima, y para la plena y efectiva vigencia de los derechos humanos en Chile.

Es evidente que dicha institucionalidad se ha transformado en un obstáculo central para el reconocimiento de los derechos humanos y para la profundización de la democracia en nuestro país. El caso de HidroAysen, proyecto recientemente aprobado por la autoridad ambiental regional, es posiblemente el mejor ejemplo de las limitaciones de esta Constitución para garantizar los derechos de los ciudadanos sobre los bienes comunes.

Se hace urgente en este sentido que los distintos poderes del Estado, los partidos políticos y la ciudadanía desarrollen un debate conjunto sobre la relación existente entre los déficit de nuestro país en materia de derechos humanos con el marco institucional vigente, en particular la Constitución Política de 1980, que a nuestro juicio consideramos urgente sustituir por una nueva Constitución emanada del ejercicio efectivo de la soberanía.

Asociación Chilena de ONGs- ACCIÓN

ACCIÓN es parte del Foro Internacional de Plataformas de ONGs que reúne a organizaciones de más de 60 países y de la MESA de Articulación de Asociaciones y Redes Nacionales de América Latina y el Caribe.