¿Cuál es el rol de los jueces en un Estado de Derecho? El presidente de la Corte Suprema contestó así a la pregunta en una entrevista con El Mercurio: “No hay que esperar que la solución del conflicto político sea entregada a los jueces. La verdad es que los jueces cumplen una función constitucional de asegurar derechos y respetar garantías, eso no se puede perder de vista. Ahora, si hay problemas sociales, es un tema que tiene que ser resuelto por el poder político”.

Las palabras de Milton Juica, son una declaración de principios de un Poder Judicial que busca redimirse de un pasado marcado por la complicidad frente a la violaciones a los Derechos Humanos, en momentos en que el Ejecutivo arremete con veladas presiones contra los jueces, invoca la Ley de Seguridad Interior del Estado, y redobla la represión contra las manifestaciones en general, y no sólo contra los hechos de violencia.

La dinámica de dimes y diretes inciada por el ministro de Justicia Teodoro Ribera el viernes, respondida luego por Juica, contestado a su vez por Chadwick, y refrendada finalmente hoy por el propio Presidente Piñera quien le pidió a los magistrados "que apliquen todo el rigor de la ley contra los delincuentes y que protejan con toda su dedicación el derecho de los ciudadanos a poder vivir en paz y tranquilidad", configuran un escenario de conflicto institucional entre dos poderes, que en toda democracia deben estar separados y actuar con autonomía el uno respecto del otro para poder cumplir su misión de mantener el imperio del derecho.

El peso de la noche de la Seguridad Nacional

La escenificación de esta disputa sobre el rol de los jueces, no se puede comprender bien sin considerar el lastre ideológico de varios personeros de Gobierno, que siguen preconizando una ideología de la seguridad que se superpone al Estado de Derecho, asumiendo así que el poder Ejecutivo podría tener de manera extraordinaria y arbitraria facultades inquisitivas.

En el pasado el país ya sufrió las consecuencias de tales visiones, dejando un doloroso saldo de violaciones a los Derechos Humanos, cometidas en su mayoría por militares, amparadas por los tribunales de justicia, pero -sobre todo- alentadas por grupos de civiles que desde la sombras del poder y sin mancharse las manos, dispusieron de las Fuerzas Armadas  y Carabineros para cometer el terrorismo de Estado bajo la doctrina de Seguridad Nacional.

En este contexto, son de particular gravedad las declaraciones del ministro de Economía, Pablo Longueira, quien se permitió decir el viernes en alusión a la toma de la sede del Senado que "Las autoridades del parlamento y del Gobierno tienen que tener el coraje para enfrentar estas situaciones para que no se repitan, puesto que episodios como el sucedido ayer pueden originar una crisis-país como las de la década de 1960-1970".

Sin desconocer que el país hace 40 años vivió una aguda crisis política en el contexto de un mundo polarizado por proyectos políticos totalizantes y excluyentes en el marco de la Guerra Fría, las palabras de Longueira son, sin embargo, una inaceptable advertencia que busca colocar en el otro, es decir, en este caso la izquierda política, la responsabilidad de haber "provocado" el Golpe de Estado.

Lo que a su vez, por analogía, trata de hacer responsable al movimiento social de la actualidad, y en particular a los estudiantes, de la represión que el Gobierno impulsa como respuesta frente a demandas sociales que el sistema político no ha sido capaz de dar un cauce institucional.

La impunidad de los civiles y su perfil ideológico

Cuando se publicó la primera versión del "Informe Valech", muchos echaron de menos un "mea culpa" del Poder Judicial, que por esos años ya daba señales poderosas de avanzar en la lucha contra la impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos.

Hubo que esperar todavía varios años más, hasta que llegara Milton Juica a ser presidente de la Corte Suprema, para que se escucharan palabras más claras sobre la responsabilidad de los jueces durante la dictadura en amparar los excesos y abusos que las fuerzas de orden cometieron.

En estos años, como un lento cuenta gotas, han ido siendo condenados los militares de menor a mayor rango por los atropellos cometidos en el pasado, sin embargo, la justicia no podría estar completa si no se investigara también a aquellos civiles que instigaron a los militares a tomarse el poder, a aquellos que los asesoraron desde las sombras en la instauración de un modelo político y económico sostenido en la represión, y que sobre todo, al final les prometieron -en vano- impunidad para que volvieran a sus cuarteles, y  les entregaran el mando del nuevo orden político que ellos habían creado.

El peso que tiene la UDI en la nueva configuración ministerial del Gobierno aleja toda posibilidad de una "nueva derecha", y por el contrario, hace que el escrutinio público sobre quienes hoy salen a presionar indebidamente a los jueces para que apliquen  "todo el rigor de la ley", se centre ahora sobre su oscuro pasado como instigadores e ideólogos del terrorismo de Estado, del cual, la parálisis judicial fue un elemento central que permitió los abusos.

El cuadro no estaría completo sin incluir entre los impunes, al medio de comunicación a través del cual Milton Juica le aseguró que su misión era "asegurar derechos y respetar garantías".

Nadie tiene que olvidar que El diario El Mercurio de la familia Edwards, encabezado por Agustín Edwards Eastman, tiene una inmensa deuda con el país, no sólo por su  complicidad con el Golpe de Estado y su ominoso silencio sobre la represión durante la dictadura, sino porque en democracia ha seguido insistentemente alentando el expansionismo penal y la criminalización de la protesta social, en la pauta que "diariamente" les remarca a los legisladores.

El Mercurio con gran hipocresía ha venido denunciando en los últimos años la "politización de los jueces", sobre todo cuando se trata de magistrados proclives a avanzar en la lucha contra la impunidad, y que fueron ascendidos durante los gobiernos de la Concertación.

Sin embargo, fue en las reformas constitucionales de 2005, cuando precisamente la Concertación sin mayores cuestionamientos, cedió a la derecha a cambio de acabar con los senadores designados y vitalicios, a que los jueces que integren la Corte Suprema no sólo sean escogidos por el Presidente de la República de una quina elaborada por el máximo tribunal, sino que además deban ser ratificados por el Senado. Introduciendo así una suerte de derecho a veto de los bloques del sistema binominal, sobre quienes deben admnisitrar Justicia con la mayor independencia posible.

Este mecanismo, ha sido denunciado insistentemente en todos los informes de Derechos Humanos que se han hecho sobre Chile, como una merma en la autonomía que la Corte Suprema tenía previamente respecto del poder político.

Milton Juica es un magistrado cuya trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos lo sitúa en un lugar ético sólido, como para encarar esta increíble y regresiva arremetida del Gobierno que pretende socavar principios democráticos tan básicos como la separación de los poderes del Estado, siendo además el responsable de solucionar el conflicto por la Educación.

Como dijo Juica: "Si hay problemas sociales, es un tema que tiene que ser resuelto por el poder político”.