La embestida contra la relatoría de libertad de expresión de la OEA encabezada por el gobierno de Rafael Correa parece estar dando resultados. Por las redes sociales circulan informaciones que señalan que la propuesta de reforma del organismo habría sido aceptada. Se trata de una reforma que apunta a restar independencia a la labor que cumple la relatoría como órgano autónomo del sistema interamericano.

La propuesta fue publicitada como una acción que apunta a un rediseño del sistema interamericano, cuya institucionalidad esta secuestrada por el control de Washington. Y si bien esa opinión podría ser aplicada principalmente a la asamblea general del organismo, la propuesta debatida por los embajadores del consejo permanente es una ofensiva particular contra la relatoría especial para libertad de expresión que tiene como objetivo controlarla. 

Vale preguntarse porque gobiernos que han apostado por la creación de referentes regionales distintos a la OEA (UNASUR, CELAC) se esfuerzan en desarticular el trabajo de componentes del sistema de DDHH de un organismo que en la práctica dicen haber desechado.

Cabe preguntarse: ¿Son los estándares de libertad de expresión promovidos a nivel del sistema interamericano mínimos que simplemente no están dispuestos a cumplir? ¿Les preocupa la centralidad que la libertad de expresión podría alcanzar como problema de derechos en el contexto del desarrollo de la región?

Es claro que la sola existencia de un organismo regional de DDHH en materia de libertad de expresión incomoda a los estilos de gobernar de ciertos mandatarios. En cualquier caso la desproporción de las acciones emprendidas contra la relatoría por una coalición de  estados sólo puede  significar que la libertad de expresión es una trama en conflicto. Cuyas garantías no están disponibles para ser discutidas.

De ser así la implicancia  para el desarrollo democrático es muy grave porque todos sabemos que la libertad de expresión es condición para el ejercicio de otros derechos.

Es un hecho que la cruzada contra la relatoría está marcada por las críticas que el organismo ha hecho a políticas en comunicaciones muy discutibles desde la perspectiva de las libertades  públicas.

Hoy existen en América Latina regímenes democráticos identificados con el progresismo que no están disponibles para ser observados.Cuyos gobiernos piensan que debilitando a los organismos competentes se pueden obviar las obligaciones de los estados de regular los sistemas de medios como recursos que garanticen la transparencia del poder y creen condiciones para la existencia de contra poderes que permitan el normal control de lo público.

Es lógico que esos gobiernos actúen contra un organismo cuya misión es fortalecer estándares, dar cuenta de vulneraciones y demandar cumplimiento de obligaciones. Pero no es posible que no sepan que al debilitar la acción de los organismos multilaterales de derechos humanos lo que se debilita es el valor de la democracia misma.

Pero todos sabemos que no hay peor enemigo de la crítica que la soberbia y no hay mayor soberbia que la de los caudillos que afirman el estado  soy  yo.