
En medio de las manifestaciones del movimiento ciudadano de Aysén una vez más se expresa la problemática de la desregulación y falta de control sobre el desempeño de carabineros en labores de control del orden público en medio de protestas sociales.
Como parte de la fuerte represión ordenada por las autoridades regionales, fuerzas especiales de carabineros que han ocupado la zona en una estrategia de militarización, han cometido actos de violencia por los que hasta ahora ninguna autoridad se ha hecho responsable.
Ese es el caso de la experiencia vivida por Teófilo Haro, habitante de la región quien sufrió graves lesiones en medio de las manifestaciones del día viernes 17 de febrero en la ciudad de Aysén, después de que un efectivo de carabineros en servicio le disparara con perdigones en la cara.
En el testimonio entregado por Haro después de que fuera trasladado al Hospital Salvador, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable dentro de su gravedad, con pronóstico reservado,cuenta que un carabinero apareció de improviso detrás de él, en momentos en que producían manifestaciones en las inmediaciones del Puente en la salida de la ciudad. En el lugar se encontró a menos de dos metros de distancia con el efectivo que procedió a disparar su arma hiriéndolo en el rostro.
El caso se suma a más de 70 denuncias contra carabineros por agresiones con balas de goma contra manifestantes en lo que va del conflicto.
La situación vivida en el sur con la generalización de la violencia estatal, impone la urgencia de demandar del gobierno el termino de la represión y una política clara, que lleve a un dialogo político serio y detenga las dinámicas de criminalización de la protesta pública.
Nuestro país no se puede exponer a una espiral de violencia provocada por la tozudez de autoridades gubernamentales, que desconocen la dinámica legítima del conflicto y presionan al movimiento social para que desista de participar en los procesos de desarrollo.
El vacio provocado por la falta de un control efectivo sobre la acción de la fuerza pública lleva a que se cometan excesos que constituyen una responsabilidad política,que junto a la determinación de ilegalizar toda expresión de disidencia refuerza la experiencia de exclusión social y política, dejando como saldo mayor polarización.
El ejecutivo no puede seguir omitiendo su responsabilidad, no puede avalar la brutalidad policial. Carabineros de Chile es una organización subordinada al poder civil y como tal ejecuta decisiones de autoridades políticas que deben dar la cara y detener la violencia.
La ciudadanía tiene que ser escuchada en cada rincón del país, el estado de derecho debe garantizar la libertad de expresión y de uso del espacio público, sólo así conformamos una comunidad país que se reconozca en la diversidad que la compone.
Lo que el sur pone en juego es la viabilidad de un futuro democrático, donde las aspiraciones de la ciudadanía deben ser escuchadas.
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