La Asamblea general de la OEA que se realizo en Bolivia puso en consideración de los países miembros una propuesta impulsada por Ecuador y Venezuela para reformar la Comisión Interamericana de derechos humanos. La CIDH es una pieza clave del sistema interamericano de derechos humanos SIDH. Como actores políticos de la democracia las organizaciones no gubernamentales no podemos guardar silencio ante este intento de algunos gobiernos de despojar a la ciudadanía latinoamericana de un recurso clave  para la promoción de derechos.

La reforma, a la que tan docilmente se ha prestado José Miguel Insulza secretario general del organismo, busca la subordinación de la comisión y de sus relatorías a la Asamblea general, restándole independencia para presentar casos ante la Corte Interamericana. La reacción de los gobiernos de Chávez y de Correa contra la CIDH se fundamenta en la supuesta instrumentalización  de la institución  por parte del gobierno de  Estados Unidos. Pero lo que realmente  incomoda a los poderes personales es  el peso de la evaluación de los procesos de garantías de derechos que realizan las diferentes relatorías en ámbitos como: infancia, pueblos indígenas, libertad de expresión, entre otros. También incomoda la facultad de la CIDH para solicitar medidas cautelares y para presentar casos ante la Corte Interamericana. Hablamos de una institucionalidad a la que pueden apelar  los individuos y organizaciones  que como las nuestras representan el conflicto de derechos que significan muchas políticas públicas.

El control del poder desde el cumplimiento efectivo del respeto a los derechos fundamentales  es una forma de dar más densidad democrática a los procesos sociales y requiere de órganos autónomos que efectivamente  puedan actuar con independencia de los  gobiernos. Así lo demuestra la actuación del CIDH en nuestro país. Cuyo acción ha significado valiosos  avances en el campo de las instituciones públicas y del estado de derecho. 

En 2001 la Corte IDH sancionó al Estado por la existencia de la "censura previa" por la película "La Última Tentación de Cristo". En 2005 la Corte IDH sancionó al Estado por la censura de un libro publicado por un oficial de la Armada procesado en la Justicia Militar. El juicio conocido como "Caso Palamara" obligó al Estado de Chile a reformar la Justicia Militar. En concreto se recomendó que ningún civil sea procesado por tribunales militares. Y que ningún uniformado fuera procesado por tribunales castrenses por delitos no relacionados con sus funciones militares. En 2006 la Corte IDH sancionó al Estado chileno por la aplicación del Decreto-ley de Amnistía en el caso de la desaparición de Alfredo Almonacid Arellano. Entre las recomendaciones estuvo la anulación de la norma, o en su defecto, la anulación de los efectos jurídicos de la Amnistía. En el mismo año vino otra importante resolución, la Corte IDH sancionó al Estado por la denegación de acceso público a información relevante sobre la tramitación del proyecto forestal Trillium. El fallo obligó al Estado a legislar para posibilitar el acceso a la información pública y para regular la transparencia de las instituciones del Estado, o en su defecto del Poder Ejecutivo. En 2009 la CIDH por primera vez en la historia del país acogió una medida cautelar interpuesta directamente por los defensores de la documentalista Elena Varela, cuando ésta se encontraba en detención preventiva e incomunicada por un juicio sobre la existencia de una asociación ilícita delictiva, de la cual fue absuelta. Luego, en 2011 la CIDH denunció al Estado de Chile ante la Corte IDH por la aplicación de la ley antiterrorista  en contra del pueblo Mapuche.Y finalmente este año, la Corte IDH sancionó al Estado en el "Caso Atala" y lo obligó a indemnizar a la jueza junto con realizar disculpas públicas, además de educar a los funcionarios del Poder Judicial en el principio de la no discriminación y respeto a la diversidad.

La construcción del Sistema Interamericano de DDHH es resultado de los avances del derecho internacional y se nutre de las lecciones aprendidas en un doloroso pasado de opresión y de un presente de desigualdades muy profundas. Su debilitamiento ante los desafíos políticos actuales hace más poderoso a los poderosos y más débil a las mayorías de menor poder. 

En síntesis perdemos todos porque ciertos poderes no quieren que los miren.