En el momento en que Chile conmemora el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Reporteros sin Fronteras hace un llamado solemne a las autoridades políticas y administrativas –en coordinación con organizaciones del gremio y representantes de la sociedad civil– para que promuevan un nuevo marco regulador en materia de comunicación. La esperanza de que exista un pluralismo real, que tenga en cuenta la diversidad de los medios de expresión y de información, no puede tener lugar dentro de un statu quo heredado de los años de Pinochet (1973-1990), y cuyo cuestionamiento también se encuentra en el origen de los actuales movimientos sociales.

“La despenalización de los delitos de prensa, en particular el de difamación, sigue siendo un reto en Chile, mientras que Argentina y Brasil ya dieron este paso en 2009. A este reto se suma otro primordial: el de una legislación que garantice un equilibrio del espacio de difusión concedido a los diferentes tipos de medios de comunicación, ya sean públicos, privados o comunitarios. Reporteros sin Fronteras ha apoyado este principio en otros países de la región, donde una medida como esta ya ha sido adoptada o se está estudiando; la organización ha permanecido muy atenta respecto a las condiciones de su aplicación. La búsqueda de un equilibrio debe estar acompañada de garantías de independencia”, declaró la organización.

¿El fin de los medios de comunicación públicos?

El debate resurge ahora que se anunció el cierre definitivo de La Nación, el próximo 24 de septiembre. El diario da empleo a una treintena de periodistas; el 70% de sus acciones pertenecen al Estado y el 30% a inversionistas del sector privado. A inicios de la presidencia de Sebastián Piñera, en 2010, se acordó el cese de la edición impresa del periódico, del que subsistió luego sólo la versión en línea (http://www.lanacion.cl/). La desaparición programada de La Nación, hace temer a las organizaciones del gremio periodístico un fortalecimiento del monopolio –ya de por sí muy fuerte– en la prensa escrita, que favorece a los dos grupos privados nacionales dominantes: El Mercurio y Copesa (editor del periódico La Tercera). En el área audiovisual existe el mismo temor por la privatización de la Televisión Nacional de Chile (TVN), que muy pronto podría ser objeto de una ley.

Radios comunitarias, al margen

La promulgación de la Ley 20.433 de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, en mayo de 2010, en teoría debería permitir a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reordenar el espectro de frecuencias en el país y despejar el segmento asignado en la nueva ley a las radios comunitarias con potencias de hasta 25 watts. Este proyecto implica la cesión o reasignación de frecuencias -solamente el consorcio Iberoamericana Radio Chile (propiedad del grupo español PRISA) posee 211-.

El 21 de agosto pasado PRISA se opuso a firmar una propuesta de acuerdo en ese sentido, en la que trabajaron durante más de un año representantes del sector radiofónico y la Subtel. Dicho acuerdo implicaba para el grupo PRISA modificaciones técnicas de sus radios, que el grupo rechazó. El grupo aduce que mientras no se resuelva la situación legal de renovación de algunas de sus frecuencias en la Corte de Apelaciones de Santiago, no aprobará las propuestas de despeje. Reporteros sin Fronteras se une a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) para exigir que se aplique el acuerdo establecido por la Subtel, al que PRISA no debe imponer sus condiciones.

Otro de los principales problemas para los radiodifusores comunitarios concierne al represivo artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones 18.168. Ésta, adoptada en 1982 bajo la dictadura y modificada en 1991 al volver a la democracia, prevé penas de prisión efectiva en caso de “operar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad respectiva” (radiodifusión ilegal). Con base en este artículo, el 28 de agosto pasado allanaron en Collipulli (Araucanía) la estación comunitaria Radio Vecina, decomisaron su equipo y detuvieron a su representante, Víctor Díaz, durante diez horas. Reporteros sin Fronteras tuvo conocimiento de otros tres casos recientes de amenaza de aplicación del artículo 36 B: el de la radio indígena mapuche Kimche Mapu, también en la Araucanía; el de Radio Lógica, en área metropolitana de Santiago, y el de Radio Galáctika, en los alrededores de Valparaíso. La organización pide la abrogación pura y simple de una disposición legal que criminaliza a los pequeños medios de comunicación; muchos de ellos esperan su regularización desde hace más de diez años.

Finalmente, ahora que las protestas sociales y estudiantiles vuelven a ampliarse, Reporteros sin Fronteras espera que no se repitan las detenciones, en ocasiones brutales, de los fotógrafos presentes en las manifestaciones, como las de Juan Pablo Reyes y Tamara Carrasco, dos fotógrafos independientes detenidos el 26 de agosto; la de Esteban Garay, fotógrafo de La Nación detenido el 28 de agosto, o la de su colega Víctor Arce, del sitio web Factor Absoluto (http://factorabsoluto.cl/), ocurrida un día después.