El director de la Fundación Pro Acceso, Moisés Sánchez, calificó como un “grave retroceso” que marca un “antes y después”, el fallo del Tribunal Constitucional -que en voto dividido- decidió acoger la apelación del Gobierno a la determinación del Consejo para la Transparencia, sobre la obligación de publicar los correos electrónicos institucionales de las autoridades en los casos en que se requiriera.

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En la sentencia se afirma que “si aceptáramos que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas (...), cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones. Eso sería peligroso para los derechos de los ciudadanos, para el interés nacional y la seguridad de la nación, dada la información que por ahí circula; y contrario al sentido común".

A juicio de Sánchez, el fallo va mucho más de la privacidad de los correos y redefine aspectos que ya fueron zanjados durante la discusión de la ley sobre acceso a la información pública, restringiendo ahora su alcance. “Junto con resolver el tema de los correos electrónicos, dictamina además que uno de los artículos de la ley de transparencia que permite acceder a información generada por el Estado o con presupuesto público es inconstitucional, porque sólo se puede acceder a la información que está en expediente administrativo, es decir a una ínfima parte de la información que está en manos del Estado. Al final del día este fallo es prácticamente una sentencia de muerte a la ley de transparencia”, expresó.

La controversia se mantenía desde hace varios meses, cuando el ministro de la SEGPRES, Cristian Larroulet, se negó a publicar 350 correos electrónicos, requeridos por la fundación Ciudadano Inteligente, y que fueron enviados y recibidos entre el 18 y el 21 de junio de 2011.

El abogado de Pro Acceso matizó sin embargo, que aún queda un margen de interpretación a las Cortes de Apelaciones, para determinar cuáles documentos que no sean actos administrativos se deberán entregar. Sánchez recordó que la ley se originó en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y manifestó que sería bueno para Chile avanzar en el reconocimiento constitucional del derecho al acceso a la información pública.

A favor de la apelación del Gobierno votaron los ministros Raúl Bertelsen, Marcelo Venegas, Hernán Vodanovic, Marisol Peña, Enrique Navarro, Carlos Carmona e Iván Aróstica. En contra se pronunciaron los magistrados Francisco Fernández, José Antonio Viera-Gallo y Gonzalo García Pino.