La respuesta de la Corte Suprema a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, por manifestar su discrepancia con el fallo que paralizó la termoeléctrica Castilla, devolvió al terreno político el debate sobre la independencia de las instituciones ambientales, que desde los años noventa no han logrado una efectiva autonomía de las decisiones de gobierno.

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El ecologista Patricio Rodrigo, director de la campaña Patagonia Sin Represas, recordó en Radio Tierra que en la nueva institucionalidad ambiental instaurada a fines de la administración Bachelet, las decisiones del ministerio del área están -de hecho- subordinadas a las políticas de inversión de otras carteras.

“Se creó un ministerio pero tampoco hubo mucho avance porque está subordinado a un Consejo de Ministros –llamado- para la Sustentabilidad, donde están los ministerios que contaminan súper vigilando al de Medio Ambiente: está Obras Públicas, Energía, Agricultura y Minería. Entonces una mala política ambiental nos ha llevado a una mala institucionalidad”, sostuvo.

En este sentido, Rodrigo valoró la sentencia de la Corte Suprema que disgustó a la ministra Benítez, porque el avance en la judicialización de los conflictos ambientales pone de relieve la falta de transparencia del sistema de evaluación ambiental.

“Por eso las cortes vienen a poner el cascabel al gato, al fallar en derecho están demostrando una institucionalidad que es trucha, que falla a favor de las empresas, y como Patagonia Sin Represas encontramos que el proceder de la ministra no corresponde, debe velar por el bien común y no entrar a presionar a los tribunales porque los fallos no le gustan”, agregó.

Consultado sobre la motivación de la ministra Benítez para defender el proyecto termoeléctrico Castilla en la Región de Atacama, el activista opinó que incluso el ministerio de Medio Ambiente está alineado dentro de la política de inversiones energéticas del Ejecutivo.

“(ella) lo hizo porque el gobierno la pauteó, ella no hubiera hecho esto sino hubiera recibido órdenes políticas, y por eso salió todo el Gobierno a respaldarla, desde el ministro Chadwick, el ministro de Justicia -que es el que tiene que velar por la independencia de los poderes-, y toda la derecha en pleno junto con el mundo empresarial. Entonces es una situación orquestada en que quieren amedrentar a la Corte Suprema para que le ponga luz verde a malos proyectos, mal gestados que violan las normativas, entonces es una presión indebida”.