Se vienen las fiestas patrias incluido el día de las glorias del ejército con el desfile militar de las ramas de la defensa nacional. Como todos los años veremos el espectáculo del patriotismo de uniforme que se supone nos debe hacer sentir orgullosos.

La fecha coincide con las arengas de culto a la fuerza pública que hemos escuchado los últimos días a propósito del asesinato del carabinero Cristián Martínez Badilla en Quilicura el pasado 11 de septiembre.

Se han oído voces vociferando a favor de la reposición de la pena de muerte para los autores de asesinatos de uniformados. Las razones éticas, morales y prácticas para rechazar el asesinato legal son muchas. Entre ellas la más poderosa son las que señalan que la aplicación de la llamada pena capital sólo es una venganza legal porque no cumple ninguna función en la prevención del crimen ni en la persuasión para evitar que se cometan delitos tan atroces como la ejecución de un funcionario de la policía a manos de una turba.

Las voces que se han levantado a favor de reponer la pena de muerte se paran en un doble estándar  que es inaceptable. Obviamente quienes la defienden son personas cuya ideología de odio todos reconocemos pero el efecto de los argumentos esgrimidos con excesiva publicidad busca establecer una categoría superior para los uniformados. Los mismos que amparados en la impunidad que les da su uniforme no han respondido por la ejecución a quemarropa de un joven poblador de Lo Hermida, asesinado por un carabinero el 25 de agosto de 2011. ¿Ese es un delito de otro orden?¿Una vida de otro valor?

La pregunta es en extremo simple pero se impone ante la convicción de estos ilustres miembros de la extrema derecha que basan sus argumentos en cuestiones como el valor supremo de la muerte en servicio, del carácter de funcionario público y sobre todo en la idea del prestigio del uniforme.

¿Qué son conceptos como esos a la hora de establecer por ejemplo la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos?¿Por qué los muertes a manos de la  policías son juzgadas muchas veces como en el caso del comunero mapuche Mendoza Collío en tribunales de pares reforzando el doble estándar?

La política de hacer de las fuerzas de seguridad ciudadanos de otro orden es muy peligrosa. Tampoco les da prestigio que quienes los defiendan sean los mismos que  los usaron para traicionar las instituciones republicanas que juraron defender.

Además nos negamos a ver que el amor a la institución policial tiene un reverso.Como hemos abandonado totalmente el relato de lo que pasa en los territorios populares, no sabemos del odio al uniforme que justificó el alevoso asesinato del cabo Martínez. En términos muy generales sabemos que hay zonas en nuestras ciudades donde la historia de la relación población/fuerza pública está cargada de iniquidades. También sabemos que desde  siempre han existido subsistemas delictuales, donde las reglas del juego  están marcadas por los dominios territoriales que muchas veces incluyen pactos con las fuerzas policiales.

De eso ningún programa de televisión o reportaje periodístico se atreve hablar. Resulta más fácil afirmar  el prestigio de las instituciones con discursos simplones sobre el heroísmo en servicio que  tape un análisis más profundo sobre el origen del odio al uniforme que le costó la  vida al cabo. Porque la única diferencia entre un enfrentamiento un día cualquiera  y uno el día 11 de septiembre es que la fecha libera de muchas formas diferentes el odio al uniforme, siempre presente en los territorios populares y en la cultura del choro que sobrevive en formas de vida que no conocemos. 

Y el silencio cómplice con los crímenes cometidos por carabineros en zona mapuche, ante la represión de manifestaciones políticas en los barrios pobres de nuestra ciudades así como los discursos de odio con cámara de TV de ciertos líderes políticos que lloran ahora cuando callaron muchas veces colaboran con el odio a los uniformes.