Desde que el gobierno anunció que el litio se explotaría a través de un contrato especial de exploración -previo a la adjudicación de SOQUIMICH- un grupo de senadores, más los presidentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre y del Petróleo, comenzaron a dar forma a un recurso que apunta a que dentro de la actual legislación de 1979, se trata de un recurso mineral que no se puede concesionar.

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La demanda la patrocinan los legisladores José Antonio Gómez, Ximena Rincón e Isabel Allende, y fue presentada a tribunales por el abogado Patricio Zapata, cuestionando el hecho de que bajo la forma de un contrato especial se estaría en realidad concesionando el litio. El jurista persigue que las cortes apliquen medidas precautorias como la prohibición de celebrar actos y contratos, pero admite que la batalla judicial puede demorar hasta dos años.

“Para la Constitución Política todos los minerales son de propiedad del Estado. Eso no obsta, a que puedan darse concesiones para el aprovechamiento de los minerales, y el 95% son concesibles. Sin embargo en el caso de los hidrocarburos y los otros minerales que la ley indique, podrá establecerse una reserva especial a favor del Estado, son sustancias no concesibles”, explicó el abogado.

A juicio de Zapata los tribunales deberán indagar  “más allá de la forma”, y determinar si el contenido del decreto que llamó a concurso, se ajusta o no a un contrato especial celebrado entre el Estado y un privado. “Lo que nosotros planteamos es que si uno mira atentamente las bases de licitación, más que un verdadero contrato de exploración, lo que hay es una concesión. Tiene cara, pierna, brazo y nariz de concesión pero con un nombre que no calza. Nuestra tesis es que se ha violado el decreto de ley que le dio al litio esta característica de no concesible. Se está haciendo una concesión irregular, eso es una ‘desviación de fin’ y el decreto que lo establece está viciado de ilegalidad. Pedimos a la corte que lo declare”, sostuvo.

El tema de fondo del escrito, es que no existe una contraparte estatal frente al actor privado, que sería la condición para un contrato especial de exploración. “Estos contratos especiales lo que buscan es un socio para el Estado, pero aquí no hay nada de eso, no hay una contraparte estatal, no hay una empresa nacional del litio (…) en el caso de los contratos especiales del petróleo de 2007, se le impusieron obligaciones de actividad a los privados, en cambio en el litio no hay ninguna obligación de actividad. En el fondo se está entregando a los privados la posibilidad de explotar durante 20 años el litio a cambio de un precio. Eso se llama concesión, no es un contrato especial de exploración”, cuestionó.